En pocas horas serán denunciados ante la Corte Penal Internacional, Felipe Calderón y los principales capos de la mafia por crímenes de lesa humanidad cometidos en México. El expediente que será presentado ante el Fiscal General, Luis Moreno Ocampo, contiene 470 casos documentados.
Redacción SDP/Agencias.
La denuncia llega a La Haya respaldada por 23 mil firmas, y además de presentar los casos concretos y la documentación aportada por diversas organizaciones de derechos humanos, explica las fallas del sistema judicial mexicano para juzgar crímenes de lesa humanidad.
Esto se constituiría en uno de los principales argumentos según los denunciantes, para que la Corte Penal Internacional (CPI) se declarara competente para intervenir en México. Cabe recordar además que México es firmante del Tratado de Roma que creó y dio competencias a la CPI.
En la petición que se presenta ante la CPI, se responsabiliza directamente al Estado mexicano en la ejecución de crímenes de lesa humanidad. Entre otros delitos, se cuentan violaciones perpetradas por el ejército mexicano; esclavización de inmigrantes por parte de funcionarios del gobierno federal; homicidios de civiles en retenes militares; desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; utilización de la tortura como mecanismo para lograr auto-inculpaciones y ejecuciones extrajudiciales.
Como máximo responsable de estos crímenes, los denunciantes señalan a Felipe Calderón por ser constitucionalmente la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y por su condición de jefe de Estado. Según el abogado-redactor de la petición, Netzaí Sandoval, Calderón es responsable por omisión de funciones y encubrimiento.
“El presidente debió tomar medidas que impidieran que estos actos se estuvieran cometiendo, como por ejemplo haber emitido protocolos de actuación para policías y soldados" señaló Netzai.
Además, "debería haber obligado la implementación del Protocolo de Estambul que reglamenta las investigaciones eficaces en casos de torturas, y debería haber prohibido al ejército que trasladara a los detenidos a cuarteles militares en lugar de presentarlos directamente ante autoridades civiles”. Pero además en estos cinco años, continúa Sandoval, Felipe Calderón “tuvo la obligación de presentar a los responsables y llevarlos a juicio, y lo que hizo fue encubrirlos”.
Una de las denuncias más graves que consigna el documento es el señalamiento a altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración de haber participado en el secuestro y venta de inmigrantes a los carteles de la droga.
“Se le está presentando al fiscal evidencia de que los gobiernos de países centroamericanos han denunciado estas conductas. Además existen denuncias del Instituto Federal de Defensoría Pública sobre la participación de miembros del Instituto Nacional de Migración en estos crímenes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos por su parte, identificó a funcionarios que estaban vendiendo al Cartel de Los Zetas, migrantes en calidad de esclavos” apunta Sandoval.
El expediente señala igualmente responsables a los líderes de los carteles de la droga, los cuales han logrado afianzar en los últimos años un amplio poder territorial y cuentan con verdaderos ejércitos. En su accionar violento y generalizado contra la sociedad mexicana, se les achaca ataques a hospitales y centros de rehabilitación, numerosos casos de amputaciones, decapitaciones (410 en el 2010) y ataques a civiles.
Netzaí Sandoval defenderá ante el fiscal Luis Moreno Ocampo, la tesis de la "falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar los crímenes de lesa humanidad". Uno de los grandes obstáculos para que se haga justicia en casa, es "el hecho que muchos de los crímenes arriba mencionados, ni siquiera están tipificados como delitos en el Código Penal", refirió Sandoval.
A partir de ahí, la Oficina del Fiscal General decide cómo intervenir. Los denunciantes esperan que Luis Moreno Ocampo aplique un sistema de “congruencia jurídica”, y homologando los antecedentes del caso de Honduras y de Colombia, países en los cuales la CPI adelanta un examen preliminar, decida hacer lo mismo.
Sí eso sucede, dice Sandoval, “al menos se comenzaría a aplicar la complementariedad activa que es una creación impulsada por este Fiscal y que básicamente le brinda la oportunidad pero además le exige a las autoridades locales, que demuestren su voluntad de hacer justicia”. Pero esto es algo que, según quienes han decidido llegar hasta La Haya, está muy lejos de ocurrir en México.
Con información de http://www.rnw.nl
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Por esto y mucho mas es un honor estar con Obrador y luchar por la nación.
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